ABUSO DEL PODER

El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su beneficio y a su vez, permite que otros sean explotados. En el derecho administrativo, el abuso es reconocido en figuras que ostentan poder físico en la sociedad, es decir que forman parte del poder público o la jurisdicción del Estado. Muchas veces el juego de palabras, en específico el eufemismo, entre las autoridades y la población hace que el abuso de poder, la corrupción y la violencia sean más vulnerables. La violencia "se deriva del mismo poder y libertad que el Estado se otorga a si mismo." (Azaola & Ruiz, 2010) El abuso de autoridad en la Política El poder que se le obsequia a los políticos y funcionarios públicos de un país es otorgado con el fin de ser utilizado para mejorar el país en todos sus aspectos. Por lo tanto, quien tenga el poder debe identificar cual es el interés común de los ciudadanos, trabajar por el pueblo y realizar obras que ayuden a muchos y que no afecten a nadie. "Siempre" se busca que el poder se utilice para el beneficio total de la sociedad. Lo que sí es cierto es que “el poder se ha ejercido desequilibradamente y a favor de quienes ostentan otros poderes en la sociedad.” (Camacho, 2008) Este problema muchas veces es causado por la corrupción, la mayor fuente de problemas en la política y responsable muchas veces del origen del abuso de autoridad. La corrupción es una de las manifestaciones más claras del abandono por parte de quienes ostentan poder político, de la búsqueda del bien común y su situación por la búsqueda del beneficio propio.1 Casos de corrupción son buenos para demostrar cuando el poder es utilizado para el beneficio del país o cuando es utilizado con interés personales y fines de lucro. Un hecho que quedó claro entre presidentes y funcionarios públicos es que no se pueden desligar la ética de la política porque cuando eso ocurre “los deberes de la autoridad se transforman en infamias y arbitrariedades.” (Mora & Rodríguez, 2009) El problema que existe actualmente es que la política se impone sobre le ética lo que crea que no exista algún tipo de equilibrio. En los últimos años, el resentimiento y desilusión hacia la política ha crecido y se puede notar por el incremento de la resistencia civil y la movilización social en los últimos años. Muchas veces por partes de los políticos se ven “maniobras abusivas en materia del dinero o el poder. Los profesionales de la política son asiduos actores de escándalos políticos.” (Mora & Rodríguez, 2009) Para la época en la que se vive ser político o formar parte de la administración pública es sinónimo de corrupción y abuso de poder.2 Se ha creado una opinión general de que los políticos están pendientes de sus propios intereses y de lucrar con la política, tener una fuente de ingresos con la que pueden vivir sin pasar necesidades. Aunque el abuso de poder no es una característica de todos los políticos ya que existen otros que buscan el bien común del pueblo. Toda la lucha política es una confrontación por el poder y, por ende, por aspirar a controlar el monopolio legitimo de la violencia. El abuso de autoridad según los estudiosos del Derecho El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El sujeto pasivo de este delito es la administración pública, y no es necesario que se le haya causado un daño material. Este delito tiene varios subtipos entre los que cabe destacar: Prevaricación Cohecho Tráfico de influencias Malversación de fondos públicos Corrupción política